Renato Hevia, S.J.

Hace ya cincuenta años que las Naciones Unidas consagraron la "libertad de opinión y de expresión" como un derecho de todos. Sin embargo, fue recién a partir de entonces que se empezó a pensar que no bastaba la pura libertad, sino que había que asegurar un derecho mucho más fundamental, que involucra a todos, periodistas y ciudadanos en general: el derecho a una información leal, veraz y oportuna.

De hecho, puede haber mucha libertad de expresión en un país, pero si grupos importantes o minorías étnicas o políticas no tienen acceso real a la expresión pública , esa mentada libertad de expresión no sería más que un volador de luces y no estaría cumpliendo su finalidad profunda, de garantizar el cumplimiento de sus derechos fundamentales a todo ciudadano.

El derecho a la información es una expresión mucho más feliz que el mero derecho a la libertad de expresión. Por dos razones: a) porque expresa en forma más completa esa exigencia de la naturaleza humana de saber lo que pasa a su alrededor, ya que para poder expresarse es necesario también, informarse, conocer, enterarse, lo cual es comunicarse, no sólo expresarse u opinar; y b) porque expresa con más claridad que se trata de un derecho de todo ciudadano, no sólo de los periodistas o de los que pueden expresarse a través de los medios de comunicación masivos.

Cuestionamiento práctico

Poca gente cuestiona este derecho de todos a estar bien informados, al menos teóricamente. Sin embargo, en la práctica, no son pocos los que piensan que la gente realmente no tiene derecho a exigir determinadas informaciones. Menos aun cuando se trata del ámbito privado. Nadie puede ser urgido -sostienen- a entregar información de su actividad privada, según las veleidades de un público que, supuestamente, "necesita estar bien informado". Por estas consideraciones no se aceptó en el Parlamento (chileno) que el actual proyecto de Ley de Prensa, en trámite, exigiera que la autoridad pública y las empresas privadas que prestan servicios públicos bajo regulación del Estado tuvieran que entregar la información que la ciudadanía necesita.

Claro, desde el punto de vista individual y del que tiene la información, es difícil justificar esta exigencia, "de tinte colectivista", se dice. Pero es desde el punto de vista social que ella es exigible. Porque la gente, para su desarrollo personal y social, necesita una información básica sobre lo que atañe al quehacer social. Esto, además, es necesario para que la ciudadanía pueda desempeñar un papel efectivo y responsable en las decisiones que determinan la vida social.

Requerimientos

Para garantizar el cumplimiento de este derecho de todos, se requiere: a)que haya un ordenamiento jurídico adecuado, que, entre otras cosas, incluya un subsidio directo del Estado a los medios de comunicación más débiles o que sean voz de minorías económicamente poco poderosas; b) que no se permita hostigamiento o persecución al informar o informarse; c) que se salvaguarde efectivamente la vida privada de las personas; d) que a los periodistas se les otorgue acceso real a las fuentes de información para investigar e informar sin trabas; e) que haya una educación de la ciudadanía para la democracia, y, en general, para los valores de la convivencia social.

Este derecho, como el derecho a la salud o al trabajo, no puede quedar entregado a las meras fuerzas del mercado, el Estado es subsidiario, en sus dos vertientes, de no hacer lo que los privados pueden hacer, y, contrariamente, hacer lo que los privados no pueden para el bien común. El Estado, pues, tiene la obligación de defender y promover el derecho de todos a estar bien informados, asunto que los privados no pueden garantizar.