Con el fin de asumir una participación cívica en la gestión pública, refundar una sociedad con ética y ejercer una vigilancia ciudadana sobre los actos de corrupción, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, impulsó la creación de la Red Cívica como un espacio voluntario en el que convergen individuos y organizaciones, de la sociedad civil, interesados en la lucha anticorrupción bajo los principios de autonomía, pluralismo, diversidad y autogestión.

Sus objetivos se orientan a sensibilizar y promocionar la Red Cívica, asumir el debate de la Agenda nacional anticorrupción, educar en valores éticos a la población, realizar la contraloría social, exigir la rendición de cuentas a los funcionarios y denunciar actos ilegales a las entidades de control. A largo plazo, será un mecanismo generador de políticas nacionales anticorrupción.

La Red se constituye como un esfuerzo mancomunado y un ente político - social, en donde la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, fortalece sus acciones y provee la coordinación, intercambio y difusión de la información. Además, se encuentra legalmente amparada por la nueva

Constitución, la Ley de Modernización del Estado, el Código Civil, la Defensoría del Pueblo, Recurso de Amparo, Derechos del Consumidor, etc.

Los diversos grupos y organizaciones, por los que está conformada la Red, comparten un mismo fin, intercambian experiencias y conocimientos, se organizan de acuerdo a sus necesidades y trabajan con un método creativo, horizontal y participativo.

Más información al respecto:

http://www.ecuanex.net.ec/anticorrupcion/red.htm

El mundo avanza hacia una economía liberal de mercado y las empresas poseen mayores vías de acceso a los consumidores. Se abren entonces oportunidades de consumo nunca antes vistas, los capitales, bienes y servicios se mueven por el mundo de manera vertiginosa. En ese contexto, la protección de los derechos del consumidor se hace cada vez más importante. La satisfacción de necesidades básicas, seguridad, información, amplia variedad de productos, servicios a precios competitivos y participación en la formulación de políticas de consumo, son algunos de los derechos básicos que empiezan a tomar fuerza tanto a nivel local como regional e internacional.

Las políticas de protección al consumidor ayudan a todos los ciudadanos a comprender la responsabilidad que tienen en el mercado para eliminar abusos y promover prácticas comerciales sanas, a consumir inteligentemente, previniendo los desechos y asegurando que los recursos naturales no sean destruidos.

La protección del consumidor se ha ganado un importante lugar en las agendas políticas, económicas y sociales de muchos países. En América Latina, Africa y Asia se están adoptando medidas de protección a favor de la salud, la seguridad y los intereses económicos de sus ciudadanos, algunos han otorgado rango constitucional a los derechos del consumidor, colocándolos a la par de otros derechos básicos.

http://www.consumo-inc.es/

Ante esta situación, se han planteado diversas alternativas para garantizar el derecho constitucional a la inviolabilidad de la correspondencia. La criptografía es una de ellas, y consiste en asignar al mensaje una clave secreta y enviarlo así al destinatario. Otro de los problemas existentes está relacionado con las técnicas avanzadas de programación que permiten llevar a cabo un control sobre el comportamiento de los usuarios frente a la pantalla. El chip Pentium III de Intel es considerado actualmente como un mecanismo tecnológico que viola la privacidad de las personas. Este chip incluye un número de serie que identifica el ordenador y que puede ser extraído por los sitios web que se visiten, llegando a saber los datos personales del usuario.

http://www.arnal.es/free/docs/privac.html